Acusan a juez Gusmán de paralizar juicio civil contra Cristina Kirchner
Fuentes: Aires vision
El juez Alfredo Silverio Gusmán fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntamente haber obstaculizado el avance de una causa civil contra la expresidenta Cristina Kirchner. La denuncia fue presentada por el presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Guillermo Antelo, quien acusó al magistrado de negarse a firmar digitalmente una resolución clave, lo que ha dejado el expediente paralizado.
El juicio en cuestión, iniciado en 2018 por la Dirección Nacional de Vialidad, reclama a Cristina Kirchner un pago de US$1125 millones como resarcimiento por hechos de corrupción relacionados con licitaciones amañadas que beneficiaron al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Este juicio civil es la contracara de la causa penal, en la que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión y a una multa superior a los $84 mil millones.
El expediente se encuentra estancado desde marzo pasado, cuando la Cámara debía resolver una queja presentada por la defensa de Kirchner para evitar la continuidad del juicio. Tras el sorteo del juez Gusmán como tercer integrante del tribunal, el fallo se detuvo. Según la denuncia, Gusmán firmó un borrador de la resolución pero luego se negó a estampar su firma digital, lo que impidió el cierre del proceso. Antelo calificó esta conducta de irregular y advirtió que podría derivar en la caducidad de la instancia, lo que implicaría la extinción del reclamo del Estado.
Además, Antelo señaló posibles vínculos de Gusmán con el kirchnerismo, señalando su relación con el exfuncionario Juan Martín Mena, cercano a la expresidenta. Este contexto ha generado una creciente preocupación sobre la imparcialidad del magistrado en el caso.
En paralelo, la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo demandante, ha mostrado una aparente pasividad frente al avance del juicio. No ha tomado nuevas acciones ni intervenido tras el planteo de caducidad, lo que incrementa el riesgo de que el caso quede sin resolución.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura ahora evaluará la conducta del juez Gusmán. Si se confirma que hubo una maniobra para frenar el expediente, el magistrado podría enfrentar sanciones graves, incluyendo un juicio político. El Código Penal establece penas de hasta cuatro años de inhabilitación para jueces que retarden maliciosamente la administración de justicia.
