El Gobierno impulsa cambios en tierras rurales, Ley de Bosques y acuicultura

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó los lineamientos productivos incorporados en el Consejo de Mayo, con el objetivo —según indicó— de “volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento”. Entre las definiciones dirigidas al sector agropecuario, anunció cuatro ejes centrales: la liberación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una actualización de la Ley de Bosques, modificaciones en la Ley de Acuicultura y una modernización del régimen laboral agrario.

Uno de los cambios más relevantes es la modificación del régimen de tierras rurales. Actualmente, sigue vigente una medida cautelar promovida por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) contra el DNU 70/2023, en particular contra el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras de 2011. Aun así, Adorni fue categórico al afirmar que “se libera la compra por parte de privados extranjeros”. La medida busca revertir las restricciones de la Ley 26.737, que establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, con un tope de 1000 hectáreas en la zona núcleo. En el sector inmobiliario recomiendan que, dado el escenario legal vigente, cada comprador consulte a sus asesores antes de avanzar.

Respecto de la agenda ambiental, el Gobierno impulsa cambios en la Ley de Bosques (26.331), una iniciativa que ya genera fuertes debates. Adorni anticipó que se eliminará la prohibición que impide modificar la actividad productiva de un campo incendiado durante 30 a 60 años, norma que calificó como “una ley del diputado Máximo [Kirchner] que atenta contra la producción”.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, director y cocoordinador de la Comisión de Sostenibilidad, sostuvo que la entidad propone directamente la derogación de la ley vigente. Argumentó que la norma “no ha cumplido el fin para el que fue creada” y que limita inversiones necesarias para el desarrollo de regiones vulnerables. Señaló además que el Estado nacional nunca giró los fondos previstos para proteger los bosques: según informes de Fundación Vida Silvestre Argentina, solo se remitió entre un 5% y un 7% de los recursos destinados al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques).

Costamagna afirmó que, en las provincias, la ley derivó en la creación de estructuras de control que, según su visión, terminaron perjudicando a productores y familias rurales. También cuestionó que el esquema actual haya generado “pobreza estructural” y consideró que existen nuevas tecnologías y prácticas que permitirían un manejo sostenible sin prohibiciones rígidas.

El proyecto del Consejo de Mayo incluye flexibilizaciones para los desmontes en zonas verdes (categoría III), que requerirían solo una notificación a la autoridad de aplicación. En las zonas rojas (categoría I), en cambio, se mantiene la prohibición. Además, se prevén evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para desmontes y opcionales para el manejo sostenible.

Otra de las iniciativas es la actualización de la Ley de Acuicultura, que habilitaría la producción en ámbitos naturales y artificiales, otorgando a las provincias y a la Nación la potestad de definir los requisitos de explotación sustentable. Por último, Adorni confirmó que el proyecto de Ley de Modernización Laboral que será enviado al Congreso durante las sesiones extraordinarias incluirá cambios en el régimen de trabajo agrario, aunque no brindó detalles sobre esos puntos.