El DNU y la polémica reestructuración de la inteligencia y la ciberseguridad en Argentina
El último día del año, el gobierno del presidente Javier Milei firmó, junto a todo su gabinete, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que introdujo modificaciones a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. La norma generó una fuerte polémica al habilitar facultades consideradas arbitrarias, entre ellas la posibilidad de detenciones por parte de agentes de la SIDE. Si bien el Congreso no logró rechazar el decreto debido a los plazos reglamentarios y al receso legislativo de enero, distintos diputados nacionales presentaron acciones judiciales para que se evalúe su constitucionalidad, además de realizar presentaciones ante organismos internacionales. A estas iniciativas se sumó un habeas corpus preventivo ante el riesgo de detenciones amparadas en el nuevo marco legal.
Más allá de los cuestionamientos vinculados a las libertades individuales, el DNU también reavivó el debate sobre la reorganización de las áreas vinculadas a la seguridad informática y la inteligencia. En particular, el decreto se inscribe en una serie de cambios impulsados por el Gobierno que tienden a mezclar funciones de ciberseguridad con tareas de inteligencia, dos ámbitos que, si bien son estratégicos, responden a lógicas y objetivos distintos.
La ciberseguridad ya contaba en la Argentina con una estructura institucional previa. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el área funcionó dentro del Ministerio de Modernización, mientras que en la gestión de Alberto Fernández pasó a depender del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Se trata de un concepto esencialmente defensivo, orientado a la protección de redes, sistemas y datos, sin intervenir en el contenido de la información ni en actividades de vigilancia.
Desde la asunción del actual gobierno, la estructura fue modificándose de manera sucesiva. El 15 de julio de 2024, mediante el Decreto 614/2024, se disolvió la AFI y se restituyó la denominación SIDE, al tiempo que se creó dentro del Sistema de Inteligencia Nacional la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), con cambios en la Ley 25.520. Luego, el 16 de abril de 2025, el Decreto 274/2025 volvió a modificar la ley para precisar las funciones de la AFC. Más tarde, el 5 de diciembre de 2025, el Decreto 864/2025 incorporó a la Agencia Federal de Ciberseguridad en los nuevos lineamientos de la SIDE.
Finalmente, el DNU 941/2025 eliminó la Agencia Federal de Ciberseguridad y la reemplazó, dentro de la SIDE, por la Agencia Federal de Ciberinteligencia. En paralelo, creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no se realizaron designaciones al frente de estos nuevos organismos, aunque el CNC quedó integrado a la Comunidad Informativa Nacional, dependiente de la SIDE.
El debate se da en un contexto en el que la ciberseguridad adquiere una relevancia creciente, tanto en la Argentina como a nivel global. Los ciberataques se multiplican año tras año y muestran un nivel de sofisticación cada vez mayor, potenciado desde fines de 2022 por el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Los ataques afectan a personas, empresas y organismos públicos, lo que vuelve central la responsabilidad del Estado en la protección de datos sensibles de toda la población.
En los últimos años, América Latina se ubicó entre las regiones más atacadas, y la Argentina suele ocupar el tercer o cuarto lugar en ese ranking. Entre los episodios más relevantes se cuentan el ataque al PAMI en 2023, que implicó el robo de información sensible de pacientes; el sufrido por la Comisión Nacional de Valores el mismo año; el hackeo al INTA en abril de 2023; el ataque a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor en abril de 2024, que comprometió millones de registros; la caída de portales oficiales como Argentina.gob.ar en diciembre de 2024; y la intrusión detectada en los sistemas del Ejército Argentino en mayo de 2025, que expuso datos personales de unos 50.000 efectivos.
Especialistas advierten que confundir o subordinar la ciberseguridad a las tareas de inteligencia conlleva riesgos significativos. Entre ellos, la erosión de la privacidad y de los derechos civiles, el descuido de la infraestructura crítica y la posibilidad de una militarización del ciberespacio que complique la cooperación internacional en incidentes de carácter civil.
Las conclusiones que surgen de este proceso señalan un manejo errático de una materia estratégica. Si bien el DNU plantea una división formal de funciones, integra al Centro Nacional de Ciberseguridad dentro de los circuitos de inteligencia de la SIDE y modifica la Ley de Inteligencia Nacional en un mismo acto normativo, cuando podría haberse avanzado mediante regulaciones separadas. La falta de autoridades designadas en las nuevas estructuras refuerza las críticas sobre la ausencia de una política clara y sostenida en un área clave para la seguridad y la protección de los datos de la sociedad.
