La Justicia ratifica condenas a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios en causa de corrupción por obra pública
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros altos funcionarios y empresarios por su rol en un esquema de desvío de fondos en obras públicas asignadas a Santa Cruz. En el fallo, los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky ratificaron la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2, dictada en 2022, que encontró a los acusados responsables de administración fraudulenta agravada.
El esquema de corrupción, según la sentencia, fue orquestado desde el Poder Ejecutivo y varios organismos del Estado, adjudicando discrecionalmente casi el 80% de las obras viales de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado. La cifra desviada supera los 46 mil millones de pesos.
Condenas confirmadas
Además de Fernández de Kirchner, se ratificaron las condenas de 6 años de prisión para el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y el empresario Lázaro Báez. La misma pena fue impuesta a otros involucrados, mientras que otros funcionarios recibieron condenas menores.
Todos los sentenciados, además, fueron inhabilitados de forma permanente para ejercer cargos públicos. El fallo también destaca el rol del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevaron adelante la acusación durante el juicio y argumentaron que los actos de corrupción no solo afectan las finanzas públicas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.
La relevancia de la condena para la democracia
En su voto, el juez Hornos remarcó que “los actos de corrupción afectan las bases del sistema democrático” y resaltó la importancia de que “los funcionarios del Estado protejan el patrimonio público.” Además, señaló que la independencia judicial fue clave para investigar y juzgar este caso, y que la corrupción es un delito que “priva a los sectores más vulnerables de los recursos genuinos del Estado.”
Esta sentencia representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Argentina, dado que involucra a exfuncionarios de alto rango y expone un esquema de connivencia entre la administración pública y empresarios del sector de la construcción.
