El Gobierno enviará fondos a colectivos del AMBA para evitar nuevos conflictos y mejorar el servicio
El Gobierno nacional anunció que realizará un envío complementario de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de saldar deudas pendientes y evitar nuevas interrupciones en el servicio.
La medida fue definida tras una reunión encabezada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, en la que también se acordó convocar a un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días para continuar con la reestructuración del sistema.
Según indicaron fuentes oficiales, la transferencia de recursos busca contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y mejorar las frecuencias, luego de los problemas registrados la semana pasada. Desde el sector empresario sostienen que la deuda de la Nación asciende a unos $95.000 millones, aunque no hubo confirmación oficial sobre el monto total ni sobre la cifra que se transferirá en esta etapa.
Previo al encuentro, el Gobierno había realizado un envío de $5.000 millones. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) señalaron que las autoridades se comprometieron a cancelar parte de la deuda correspondiente a febrero de 2026, lo que permitiría sostener el servicio, aunque todavía por debajo de los niveles ideales debido al impacto del aumento del combustible.
En ese sentido, desde el sector remarcaron que el esquema de subsidios vigente no contempla el actual precio del gasoil, que aumentó tras el conflicto en Medio Oriente, lo que generó un fuerte incremento en los costos operativos.
Mesas técnicas y reestructuración
Durante la reunión, funcionarios y representantes empresariales analizaron variables económicas y técnicas que afectan la prestación del servicio. Como resultado, se acordó avanzar en mesas técnicas de trabajo para definir medidas orientadas a optimizar el sistema, reducir costos y ajustar recorridos y frecuencias según la demanda real de los usuarios.
El objetivo central es mejorar la eficiencia del transporte y evitar nuevos conflictos como el registrado recientemente, que derivó en una reducción de frecuencias.
Desde el sector empresario insistieron en la necesidad de establecer una “tarifa de equilibrio” que refleje los costos reales de la actividad, al señalar que el precio del servicio es fijado por el Estado.
Reclamos desde la provincia
En paralelo, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una reunión con cámaras empresarias del sector, donde también se abordó la situación del transporte.
El funcionario sostuvo que la provincia mantiene un reclamo por fondos adeudados por parte de la Nación y advirtió que su transferencia permitiría aliviar la crisis del sistema. Además, destacó que el aumento del combustible está afectando la estructura de costos y condicionando la continuidad del servicio.
Pese a este contexto, la provincia confirmó el pago de un anticipo del subsidio de abril con un incremento excepcional del 65%, por encima del 50% habitual.
Las autoridades y empresarios coincidieron en la necesidad de sostener el sistema, proteger el empleo y garantizar el servicio para millones de usuarios, en un escenario atravesado por tensiones económicas y operativas.
