El Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario y el conflicto quedó en manos de la Corte
Cientos de miles de personas participaron de una marcha federal en Buenos Aires y en distintas ciudades del país para reclamar que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. La movilización fue convocada por autoridades académicas, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles, con el lema “Milei, cumplí la ley”.
Sin embargo, el Ejecutivo ratificó que no aplicará la norma, al sostener que afecta el objetivo de superávit fiscal. Desde el Gobierno argumentaron que, aun frente a una gran convocatoria, la restricción presupuestaria continúa vigente. El reclamo del sector universitario se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia, luego de fallos judiciales que ordenaron respetar la ley.
En Argentina funcionan 64 universidades estatales, donde cursan estudios más de 2,1 millones de alumnos, trabajan alrededor de 159.000 docentes y unos 60.000 empleados.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias presupuestarias para las universidades registraron una caída acumulada del 45,6% desde 2023 hasta la actualidad. En el mismo período, los salarios del personal universitario habrían perdido más de un tercio de su poder adquisitivo. Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (Ciicti) señala que el presupuesto universitario se encuentra en su nivel más bajo desde 1989, medido como porcentaje del PBI.
La ley de financiamiento universitaria fue aprobada por el Congreso con el objetivo de actualizar los presupuestos a los valores vigentes en 2023, ajustados por inflación. Según estimaciones, su aplicación implicaría una asignación adicional respecto del presupuesto actual, elaborado por el Ejecutivo.
El presidente vetó la norma cuando fue sancionada, pero el Congreso rechazó ese veto con mayorías agravadas. Posteriormente, el Gobierno intentó incluir cambios en el presupuesto 2026, aunque el Parlamento volvió a rechazar esa alternativa. Aun así, el Ejecutivo dispuso la suspensión de la ejecución de la ley mediante un decreto, hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
Ante esta situación, las universidades recurrieron a la Justicia. En primera y segunda instancia se dictaron medidas cautelares que ordenan al Ejecutivo aplicar los aumentos previstos en la ley mientras se resuelve el fondo del asunto, tanto en salarios como en becas.
El Gobierno apeló el fallo y llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando la defensa del equilibrio fiscal. La última palabra quedará en manos del máximo tribunal.
