16 junio, 2025

El Gobierno veta la Ley de Movilidad Jubilatoria

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Fuente: el diario ar - NA

El presidente Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por ambas Cámaras del Congreso, cumpliendo así con el anuncio que había adelantado días atrás. El decreto 782/2024, publicado en el Boletín Oficial este lunes 2 de septiembre, oficializó la decisión del Ejecutivo, argumentando que la implementación de la ley generaría un gasto no proyectado de más de $6 billones para 2024 y $15 billones para 2025, cifras que pondrían en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El veto presidencial fue acompañado por la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de varios ministros clave, como Sandra Pettovello de Capital Humano, Luis Caputo de Economía, y Patricia Bullrich de Seguridad, entre otros. En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que cumplir con la ley sancionada implicaría la necesidad de buscar financiamiento extraordinario, ya sea mediante endeudamiento o incremento de impuestos, lo que consideran inviable y contraproducente para la estabilidad económica.

El Ejecutivo argumentó que la ley de movilidad jubilatoria, que proponía un aumento del 8,1% en los haberes jubilatorios y una nueva fórmula de cálculo, carece de viabilidad técnica y operativa, y acarrearía graves consecuencias a largo plazo como mayor emisión monetaria, deuda, inflación y pobreza. Además, el decreto apuntó a la crisis estructural del sistema previsional argentino, responsabilizando a las políticas de estatización de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Pese al veto, el Congreso intentará revertir la decisión presidencial esta semana. La oposición, que había logrado sancionar la ley con un amplio margen en el Senado, calificó la medida del Gobierno como un acto de insensibilidad social y populismo inverso, mientras que desde el Ejecutivo, se defendieron calificando la ley como irresponsable e inconstitucional.

La disputa entre el Gobierno y el Parlamento por la movilidad jubilatoria añade un nuevo capítulo de tensión política en el país, con potenciales repercusiones en el terreno económico y social en los próximos meses.

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