Cientos de miles de personas participaron de una marcha federal en Buenos Aires y en distintas ciudades del pa\u00eds para reclamar que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. La movilizaci\u00f3n fue convocada por autoridades acad\u00e9micas, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles, con el lema \u201cMilei, cumpl\u00ed la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el Ejecutivo ratific\u00f3 que no aplicar\u00e1 la norma, al sostener que afecta el objetivo de super\u00e1vit fiscal. Desde el Gobierno argumentaron que, aun frente a una gran convocatoria, la restricci\u00f3n presupuestaria contin\u00faa vigente. El reclamo del sector universitario se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia, luego de fallos judiciales que ordenaron respetar la ley.<\/p>\n\n\n\n
En Argentina funcionan 64 universidades estatales, donde cursan estudios m\u00e1s de 2,1 millones de alumnos, trabajan alrededor de 159.000 docentes y unos 60.000 empleados.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias presupuestarias para las universidades registraron una ca\u00edda acumulada del 45,6% desde 2023 hasta la actualidad. En el mismo per\u00edodo, los salarios del personal universitario habr\u00edan perdido m\u00e1s de un tercio de su poder adquisitivo. Un informe del Centro Iberoamericano de Investigaci\u00f3n en Ciencia y Tecnolog\u00eda (Ciicti) se\u00f1ala que el presupuesto universitario se encuentra en su nivel m\u00e1s bajo desde 1989, medido como porcentaje del PBI.<\/p>\n\n\n\n
La ley de financiamiento universitaria fue aprobada por el Congreso con el objetivo de actualizar los presupuestos a los valores vigentes en 2023, ajustados por inflaci\u00f3n. Seg\u00fan estimaciones, su aplicaci\u00f3n implicar\u00eda una asignaci\u00f3n adicional respecto del presupuesto actual, elaborado por el Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
El presidente vet\u00f3 la norma cuando fue sancionada, pero el Congreso rechaz\u00f3 ese veto con mayor\u00edas agravadas. Posteriormente, el Gobierno intent\u00f3 incluir cambios en el presupuesto 2026, aunque el Parlamento volvi\u00f3 a rechazar esa alternativa. Aun as\u00ed, el Ejecutivo dispuso la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la ley mediante un decreto, hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta situaci\u00f3n, las universidades recurrieron a la Justicia. En primera y segunda instancia se dictaron medidas cautelares que ordenan al Ejecutivo aplicar los aumentos previstos en la ley mientras se resuelve el fondo del asunto, tanto en salarios como en becas.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno apel\u00f3 el fallo y llev\u00f3 el caso a la Corte Suprema, argumentando la defensa del equilibrio fiscal. La \u00faltima palabra quedar\u00e1 en manos del m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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