El \u00faltimo d\u00eda del a\u00f1o, el gobierno del presidente Javier Milei firm\u00f3, junto a todo su gabinete, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941\/2025, que introdujo modificaciones a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. La norma gener\u00f3 una fuerte pol\u00e9mica al habilitar facultades consideradas arbitrarias, entre ellas la posibilidad de detenciones por parte de agentes de la SIDE. Si bien el Congreso no logr\u00f3 rechazar el decreto debido a los plazos reglamentarios y al receso legislativo de enero, distintos diputados nacionales presentaron acciones judiciales para que se eval\u00fae su constitucionalidad, adem\u00e1s de realizar presentaciones ante organismos internacionales. A estas iniciativas se sum\u00f3 un habeas corpus preventivo ante el riesgo de detenciones amparadas en el nuevo marco legal.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de los cuestionamientos vinculados a las libertades individuales, el DNU tambi\u00e9n reaviv\u00f3 el debate sobre la reorganizaci\u00f3n de las \u00e1reas vinculadas a la seguridad inform\u00e1tica y la inteligencia. En particular, el decreto se inscribe en una serie de cambios impulsados por el Gobierno que tienden a mezclar funciones de ciberseguridad con tareas de inteligencia, dos \u00e1mbitos que, si bien son estrat\u00e9gicos, responden a l\u00f3gicas y objetivos distintos.<\/p>\n\n\n\n
La ciberseguridad ya contaba en la Argentina con una estructura institucional previa. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el \u00e1rea funcion\u00f3 dentro del Ministerio de Modernizaci\u00f3n, mientras que en la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez pas\u00f3 a depender del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Tecnolog\u00eda. Se trata de un concepto esencialmente defensivo, orientado a la protecci\u00f3n de redes, sistemas y datos, sin intervenir en el contenido de la informaci\u00f3n ni en actividades de vigilancia.<\/p>\n\n\n\n
Desde la asunci\u00f3n del actual gobierno, la estructura fue modific\u00e1ndose de manera sucesiva. El 15 de julio de 2024, mediante el Decreto 614\/2024, se disolvi\u00f3 la AFI y se restituy\u00f3 la denominaci\u00f3n SIDE, al tiempo que se cre\u00f3 dentro del Sistema de Inteligencia Nacional la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), con cambios en la Ley 25.520. Luego, el 16 de abril de 2025, el Decreto 274\/2025 volvi\u00f3 a modificar la ley para precisar las funciones de la AFC. M\u00e1s tarde, el 5 de diciembre de 2025, el Decreto 864\/2025 incorpor\u00f3 a la Agencia Federal de Ciberseguridad en los nuevos lineamientos de la SIDE.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el DNU 941\/2025 elimin\u00f3 la Agencia Federal de Ciberseguridad y la reemplaz\u00f3, dentro de la SIDE, por la Agencia Federal de Ciberinteligencia. En paralelo, cre\u00f3 el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) en la \u00f3rbita de la Secretar\u00eda de Innovaci\u00f3n, Ciencia y Tecnolog\u00eda de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no se realizaron designaciones al frente de estos nuevos organismos, aunque el CNC qued\u00f3 integrado a la Comunidad Informativa Nacional, dependiente de la SIDE.<\/p>\n\n\n\n
El debate se da en un contexto en el que la ciberseguridad adquiere una relevancia creciente, tanto en la Argentina como a nivel global. Los ciberataques se multiplican a\u00f1o tras a\u00f1o y muestran un nivel de sofisticaci\u00f3n cada vez mayor, potenciado desde fines de 2022 por el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Los ataques afectan a personas, empresas y organismos p\u00fablicos, lo que vuelve central la responsabilidad del Estado en la protecci\u00f3n de datos sensibles de toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, Am\u00e9rica Latina se ubic\u00f3 entre las regiones m\u00e1s atacadas, y la Argentina suele ocupar el tercer o cuarto lugar en ese ranking. Entre los episodios m\u00e1s relevantes se cuentan el ataque al PAMI en 2023, que implic\u00f3 el robo de informaci\u00f3n sensible de pacientes; el sufrido por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores el mismo a\u00f1o; el hackeo al INTA en abril de 2023; el ataque a la Direcci\u00f3n Nacional de Registros de la Propiedad Automotor en abril de 2024, que comprometi\u00f3 millones de registros; la ca\u00edda de portales oficiales como Argentina.gob.ar en diciembre de 2024; y la intrusi\u00f3n detectada en los sistemas del Ej\u00e9rcito Argentino en mayo de 2025, que expuso datos personales de unos 50.000 efectivos.<\/p>\n\n\n\n
Especialistas advierten que confundir o subordinar la ciberseguridad a las tareas de inteligencia conlleva riesgos significativos. Entre ellos, la erosi\u00f3n de la privacidad y de los derechos civiles, el descuido de la infraestructura cr\u00edtica y la posibilidad de una militarizaci\u00f3n del ciberespacio que complique la cooperaci\u00f3n internacional en incidentes de car\u00e1cter civil.<\/p>\n\n\n\n
Las conclusiones que surgen de este proceso se\u00f1alan un manejo err\u00e1tico de una materia estrat\u00e9gica. Si bien el DNU plantea una divisi\u00f3n formal de funciones, integra al Centro Nacional de Ciberseguridad dentro de los circuitos de inteligencia de la SIDE y modifica la Ley de Inteligencia Nacional en un mismo acto normativo, cuando podr\u00eda haberse avanzado mediante regulaciones separadas. La falta de autoridades designadas en las nuevas estructuras refuerza las cr\u00edticas sobre la ausencia de una pol\u00edtica clara y sostenida en un \u00e1rea clave para la seguridad y la protecci\u00f3n de los datos de la sociedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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